El Pleno ha aprobado hoy un texto propuesto por todos los grupos que pide que sean consideradas como víctimas directas de violencia de género las madres cuyos hijos/hijas hayan sido asesinados por el maltratador. Este daño a través de terceros «por interpósita persona» será considerado una fórmula más de violencia contra la mujer, ya que en numerosas ocasiones es la consecuencia final de una violencia previa sobre la madre, según han informado fuentes parlamentarias.

El pacto se ha elaborado sobre la base de las propuestas formuladas por los 66 expertos y expertas en violencia contra las mujeres -cuyos testimonios se incluyen en el texto aprobado hoy- que han acudido a la Subcomisión en las 43 sesiones celebradas desde que se aprobó su creación, en noviembre de 2016; y a partir de las propuestas formuladas por los Grupos Parlamentarios, y articula sus recomendaciones y propuestas de actuación estructuradas en diez ejes.

Las medidas que los miembros de la Subcomisión han concretado en este pacto inciden en los ámbitos de sensibilización y prevención; mejora de la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; asistencia y protección de los menores; impulso a la formación de los distintos agentes; seguimiento estadístico; recomendaciones a las Administraciones Públicas y otras instituciones; visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres; compromiso económico y seguimiento del pacto. Destacan como novedades respecto a la regulación todavía vigente las siguientes cuestiones:

• Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
• Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
• Protección de los huérfanos y de hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
• Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
• Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
• Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
• Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
• Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
• Prevención en la escuela. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista.
• Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.