La entrada en vigor de la reforma del código penal introducida por la Ley Orgánica 1/2015, ha provocado reacciones entre diversos colectivos profesionales y ciudadanos.

Asociaciones de víctimas de tráfico y asociaciones automovilistas han mostrado su rechazo a la reforma del Código Penal pues, en lo referido a materia de seguridad vial, la mayoría de accidentes de tráfico ya no serán tramitados en los Juzgados Penales.

En este sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), Francisco Canes, ha asegurado que se trata de un Código Penal que «está hecho a la medida de las aseguradoras que van a ser las grandes beneficiadas» y ha afirmado que esta reforma «afecta muy negativamente a los ciudadanos que se van a ver implicados en un accidente con daños personales».

Además, Canes ha señalado que la nueva norma «ha conseguido eliminar derechos a las víctimas de accidentes, porque a partir de ahora todo se va a tener que sustanciar directamente entre la víctima y las aseguradoras sin intervención del forense, ni el fiscal ni el atestado».

«Con esta reforma va a ser más sancionable a nivel de puntos saltarse un semáforo en rojo que saltarse un semáforo en rojo y atropellar a alguien y matarle porque cuando se producen lesiones graves irá por la vía judicial pero como no va a ser considerado delito se va a quedar en un tema indemnizatorio entre víctima y aseguradora», ha afirmado Canes.

Por su parte, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha afirmado que se trata de «una de las peores reformas del Código Penal» en la que se quita «de un plumazo» los juicios de faltas con los que «por lo menos se condenaban a la persona por haber cometido una infracción» dando importancia a la compensación económica y no a la Justicia.

Novella, ha señalado en declaraciones a Europa Press, que esperan «una reforma en profundidad en lo que a los artículos de tráfico se refiere» y ha indicado que se trata de «una manera de colapsar los juzgados de primera instancia». «Vamos a continuar protestando al respecto y de cara a las elecciones generales pediremos que se incluyan en los programas electorales la derogación del Código Penal», ha declarado.

En la misma línea, el presidente Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha asegurado que la reforma «no es favorable porque van a dejar desasistidos a las víctimas de accidentes de tráfico que hasta ahora podían utilizar un mecanismo simple y gratuito por una falta de trafico, ya que al poner una denuncia podían activar el mecanismo de protección y de valoración de lesiones».

Además, ha indicado que con la norma entrante, «todo se resuelve mediante la cuestión indemnizatoria, quedando impune si algún conductor ha cometido una acción reprobable». Sin embargo, ha destacado que uno de los aspectos positivos de esta reforma es que «los casos de desobediencia a la autoridad no se lleven por vía penal y sí por la administrativa».

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado y Justicia, ha advertido que el sistema penitenciario español carece de medios humanos, materiales y de infraestructuras para aplicar la prisión permanente revisable aprobada en el nuevo Código Penal.

Así mismo CSIF señala que está comprobado que las penas de larga duración suscitan en el tiempo conductas violentas y por tanto la reeducación, rehabilitación y reinserción social quedan diluidas. Esta circunstancia, unida al déficit de funcionarios penitenciarios del que adolece la institución hará muy difícil un seguimiento específico sobre los internos.

Además, desde el punto de vista de la administración de Justicia, CSIF advierte de que la reforma del Código Penal tendrá problemas de gestión y atascos judiciales por la falta de adaptación del sistema informático.

De hecho, a fecha de hoy ni los funcionarios de Justicia ni de Instituciones Penitenciarias tienen conocimiento sobre la adaptación de los distintos modelos de tramitación de expedientes en las diferentes aplicaciones informáticas, conforme a la normativa. Para CSIF esta actitud de los respectivos Ministros es un grave error que se traducirá en problemas en la tramitación, más atasco y más caos en los órganos judiciales y penitenciarios. Sin la participación de los funcionarios de Justicia y de Instituciones penitenciarias ninguna reforma tendrá éxito.

Por último, CSIF critica la falta de formación de los profesionales, en la víspera de la entrada en vigor del nuevo código, en especial en relación con los funcionarios que funcionarios que tienen que tratar con el perfil de internos condenados a penas prolongadas, siendo en la mayoría delitos muy graves. En este sentido, reclama programas de formación para tratar a internos condenados por delitos cometidos contra menores de 16 años, personas especialmente vulnerables o terrorismo yihadista.

Cerrando por el momento esta secuencia de reacciones, Jueces para la Democracia (JpD) ha afirmado este miércoles que con el nuevo Código Penal que acaba de entrar en vigor, el Gobierno ha optado por «criterios de oportunidad vinculados al populismo punitivo, con la finalidad de actuar sobre los mecanismos emocionales de la población».

«En este sentido, la reforma incorpora castigos más severos, a pesar de que nos encontramos en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo y de que ya estamos en los porcentajes más elevados de población reclusa por habitante», afirma esta asociación de jueces en un comunicado.

Sobre la prisión permanente revisable, JpD insiste en que «tiene carácter inhumano y degradante»  y  vulnera el principio de reinserción social, por lo que a su juicio resulta contraria a la Constitución.

Advierten que  la reforma también endurece el tratamiento penal de los delitos contra el orden público e incorpora nuevos castigos con pena de prisión para determinadas formas de protesta social.

En este ámbito, la reforma acompaña las «muy criticables» medidas de la nueva ley de Seguridad Ciudadana que según este colectivo  «lesiona las libertades y resulta contraria a los principios de una sociedad plural, democrática y respetuosa con las distintas formas de pensar».

En cuanto a la despenalización de las faltas de lesiones imprudentes, JpD considera que beneficia a las compañías aseguradoras y perjudica a las víctimas de accidentes de tráfico, que con esta reforma ven reducida su protección en el ámbito judicial.

Finalmente, los jueces progresistas advierten de grave error técnico por parte del Gobierno y de la mayoría parlamentaria, que ha convertido diversos delitos hasta ahora clasificados como menos graves en delitos leves.

«Esta situación afectará al menos a 16 delitos, a los que podrían añadirse muchos más a causa de una regulación confusa, errónea y deficiente, que va a generar serios problemas de interpretación al poder judicial», según la asociación. (EUROPA PRESS)